El cuidado como derecho humano: una agenda birregional para la sostenibilidad de la vida

Actualmente, tras décadas de esfuerzos sostenidos por parte del movimiento feminista a nivel mundial, hacedores de políticas públicas, gobiernos y organismos de las Naciones Unidas están comenzando a incorporar dentro de sus agendas el reconocimiento de que los cuidados son un trabajo necesario para sostener la vida y la economía diariamente, y de que este trabajo debería ser digno, reconocido como un derecho humano y no recaer principalmente sobre las mujeres más vulnerables. Aunque aún falta mucho por hacer para que los gobiernos asignen presupuestos sólidos y promuevan una agenda de cuidados concreta, los avances a nivel mundial son ventanas de oportunidad cruciales para posicionar al tema de cuidados como central a la hora de cerrar las brechas de desigualdad de género y materializar modelos de desarrollo dignos y sostenibles. En este contexto, la Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE), cuyo próximo y cuarto encuentro se realizará en Colombia, en noviembre de 2025, es una oportunidad histórica para que los países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe se congreguen alrededor de la agenda de cuidados y formulen estrategias concretas para avanzar en su cumplimiento. 

En octubre de 2023, la Fundación EU-LAC, junto con los gobiernos de España y Colombia, la CEPAL, ONU Mujeres, GIZ y la Alianza Global por los Cuidados redactaron el borrador del “Pacto birregional por los cuidados entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea”, el cual busca “promover la cooperación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) para el desarrollo de políticas que reconozcan el cuidado como un derecho fundamental y universal” y cuyo contenido será discutido en la Cumbre CELAC-UE en Colombia. La inequitativa distribución de los trabajos de cuidado y la vulnerabilidad de las mujeres empobrecidas, racializadas y migrantes que sostienen las mayores cargas de cuidado en el mundo son fenómenos globales que requieren soluciones articuladas entre regiones y países. Por esta razón, la próxima Cumbre es un espacio de articulación urgente y crucial para avanzar en la agenda de cuidados en ambos continentes y en soluciones articuladas y comprehensivas a un fenómeno global. 

En las últimas décadas, en América Latina y el Caribe se han dado avances cruciales en el reconocimiento y la materialización del cuidado como derecho en sus tres dimensiones: el derecho a cuidar en condiciones dignas, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. Así, por ejemplo, existen diferentes instrumentos como la Carta de la OEA, el Protocolo de San Salvador y el Convenio 183 de la OIT, que reconocen y protegen los derechos de las personas cuidadoras remuneradas (como las trabajadoras domésticas) y afirman que quienes realizan estas labores gozan de los mismos derechos que los trabajadores en general. De igual manera, estándares internacionales y regionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas Mayores garantizan un marco normativo para proteger los derechos de las personas que, por su momento vital o especial condición de vulnerabilidad, requieren mayores cuidados que el resto de la población. Y, más recientemente, la Opinión Consultiva 031 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanza en la definición y el reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo en sus tres dimensiones, que requiere ser desarrollado y regulado en las legislaciones internas, y que debe ser definido en relación con los derechos al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación. Estos avances regionales, junto con las acciones concretas que diferentes países de la región han desarrollado para materializar sistemas nacionales de cuidado e incorporar el derecho al cuidado dentro de sus normativas, constituciones y jurisprudencias, representan hitos claves de buenas prácticas a ser tenidos en cuenta en la discusión del Pacto Birregional en la próxima Cumbre CELAC-UE. 

Particularmente, las discusiones del Pacto Birregional no pueden dejar de lado el fenómeno de la migración internacional y su impacto en las dinámicas sociales y económicas de ambas regiones. Las mujeres migrantes cuidan en condiciones de mayor vulnerabilidad antes de migrar, durante el tránsito migratorio y una vez llegan a sus lugares de destino. Sus labores de cuidado -remuneradas y no remuneradas- atraviesan sus experiencias vitales e impactan de manera determinante sus proyectos de vida y sus posibilidades de integración socioeconómica.    

La relación entre migración, género y cuidado ha sido analizada a partir del concepto de “cadenas globales de cuidado”, el cual ha sido útil para entender cómo la migración global y las redes que trascienden fronteras nacionales son esenciales para la provisión de los cuidados a nivel global. Así, la crisis de los cuidados en el mundo ha encontrado una resolución parcial en el trabajo que realizan las mujeres migrantes tanto en espacios institucionalizados como al interior de los hogares en sus países de destino. Asimismo, la migración de las mujeres implica una reorganización de los cuidados en sus propios hogares, que por lo general son asumidos por otras mujeres de la familia. De igual manera, las mujeres migrantes mantienen la provisión de cuidados en sus países de origen a través de canales y mecanismos como el envío de remesas y el apoyo emocional a distancia. De ahí que sea necesaria una visión comprensiva de los impactos de la migración en la gestión de los cuidados tanto en los países de destino como de origen de las mujeres migrantes. Esta visión permitiría que los desarrollos legislativos y de política pública en el ámbito de los cuidados y la migración tengan en cuenta las necesidades particulares de las mujeres migrantes y garanticen las condiciones para que ellas puedan cuidar en condiciones dignas y recibir los cuidados que necesitan para gozar de una vida digna. 

La crisis de los cuidados y los flujos migratorios continuarán reconfigurando las sociedades, por lo que resulta urgente diseñar políticas y programas que se adapten a las nuevas realidades del cuidado. La aprobación y puesta en marcha del Pacto Birregional puede ser una oportunidad invaluable para que los Estados de ambas regiones avancen en la implementación de las recomendaciones que varios organismos internacionales – como la OIT, la CEPAL, la Comisión Interamericana de Mujeres con la Ley Modelo Interamericana de Cuidados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la OC-31 de 2025 – han desarrollado en relación con la garantía del derecho al cuidado en todas sus dimensiones. Algunas de estas recomendaciones incluyen:

• Reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo, conforme a la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte IDH, y garantizar su incorporación en las legislaciones nacionales de la UE y ALC.
• Facilitar el acceso a los regímenes de seguridad social en salud y pensión de las personas que han ejercido trabajos de cuidado no remunerados.
• Asegurar las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia a las personas que se dedican a las labores de cuidado no remunerado.
• Promover la incorporación o reintegración de las personas cuidadoras no remuneradas a la fuerza de trabajo formal, en trabajos no relacionados con el trabajo de cuidado no remunerado, cuando así lo deseen.
• Garantizar que las trabajadoras y trabajadores de cuidado remuneradas cuenten con los mismos derechos de cualquier otro trabajador.
• Implementar medidas para la conciliación de la vida laboral y las necesidades de cuidado, y remover las barreras que impiden que las labores de cuidado les permitan acceder o mantenerse en el empleo.
• Garantizar licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias de cuidado y prestaciones familiares que permitan a personas con responsabilidades de cuidado ejercer los derechos a cuidar, ser cuidadas(os) y al autocuidado.
• Diseñar de manera coordinada las políticas de cuidado y las políticas migratorias para garantizar el acceso de las personas migrantes y sus familias a prestaciones y servicios de cuidado, así como al resto de los servicios de protección social en los países de origen, tránsito y destino.

La implementación de estas recomendaciones requiere de esfuerzos y recursos importantes por parte de los Estados. De ahí que los ejes 3 – impulsar programas de cooperación – y 4 – estimular la formulación de propuestas concretas – que propone el Pacto Birregional tengan una especial relevancia para avanzar en esa dirección. La aprobación de este pacto durante la próxima cumbre de la CELAC-UE será un paso clave para promover una nueva organización de los cuidados que garantice el cuidado como derecho en ambas regiones y que le apueste a modelos económicos y de desarrollo dignos que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida.