Aprovechar la CELAC–UE para impulsar una agenda fiscal justa desde Colombia

La CELAC–UE trasciende el carácter diplomático para convertirse en un espacio donde dos regiones, con trayectorias fiscales distintas, pero desafíos comunes, pueden enfrentar juntas los desequilibrios del sistema tributario global, desde la evasión de las grandes corporaciones hasta la competencia desleal entre países por atraer inversión. 

En este contexto, Colombia, como presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tiene ante sí una oportunidad clave: impulsar una agenda de cooperación fiscal internacional que supere el enfoque comercial y se concentre en lo que realmente sostiene el desarrollo, es decir, la capacidad de los Estados para financiar la educación, la salud, la protección social y la transición hacia economías más verdes. 

Una agenda fiscal birregional permitiría avanzar hacia sistemas tributarios más equitativos y transparentes. En América Latina, por ejemplo, ya existe un paso importante: la Plataforma de Tributación de América Latina y el Caribe (PTLAC), que, en sus dos años de existencia, ha formulado recomendaciones concretas sobre impuestos progresivos, impuestos verdes y la evaluación de los incentivos tributarios. Estas son discusiones urgentes y necesarias para lograr una fiscalidad coherente con el desarrollo sostenible y con los principios de justicia social y ambiental.

En el plano global, otro hito clave es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional, cuyas negociaciones apenas comenzaron en agosto de este año. Aunque está en una etapa inicial, su relevancia es enorme: busca establecer un sistema fiscal internacional orientado al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental—, e incorpora explícitamente los principios de derechos humanos en su marco de referencia. Esta convención representa una oportunidad única para equilibrar el sistema fiscal global, actualmente dominado por marcos más restrictivos como los de la OCDE.

El Compromiso de Sevilla, adoptado recientemente durante la Cuarta Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo, también dejó un camino claro. Allí se acordó avanzar en temas esenciales como la tributación con enfoque de género, el financiamiento de sistemas de protección social, y la creación de mecanismos de transparencia global —como una base pública de informes país por país para multinacionales o un registro mundial de beneficiarios reales de empresas—. Sin embargo, aún no hay un esfuerzo sistemático para integrar estos compromisos en las negociaciones globales.

Por eso, el encuentro CELAC–UE en Santa Marta no puede ser solo un espacio de discursos. Debe ser una oportunidad real para conectar estos procesos, alinear compromisos y proyectar una cooperación fiscal más justa y efectiva. Aunque la Unión Europea ha tenido posiciones ambiguas frente a la Convención Fiscal de la ONU, este es el momento de apostar por un multilateralismo renovado, más inclusivo y comprometido con la equidad global.

En un contexto de crisis climática, desigualdad y desconfianza en las instituciones, la justicia fiscal puede ser el puente que una a ambas regiones en una agenda de desarrollo sostenible y derechos humanos.

¿Qué debería suceder en las sesiones oficiales en Santa Marta?

1. Incluir la fiscalidad justa en la declaración birregional. Que el comunicado final reconozca explícitamente la necesidad de fortalecer la cooperación fiscal internacional y apoyar la Convención Fiscal de la ONU.
2. Respaldar la Plataforma de Tributación de América Latina y el Caribe (PTLAC) como espacio técnico y político para avanzar en impuestos progresivos, verdes y con enfoque de derechos.
3. Reafirmar el vínculo entre política fiscal y derechos humanos, asegurando que la cooperación birregional promueva la igualdad de género, la protección social y la transición ecológica.

Si Santa Marta logra traducir los discursos en compromisos fiscales concretos, la relación CELAC–UE podría transformarse en una alianza estratégica para el desarrollo sostenible, donde la justicia fiscal deje de ser una promesa y se convierta en el motor de un nuevo pacto social global.