Una cooperación birregional transformadora para la transición energética justa

En un contexto global marcado por la urgencia climática, la transición energética se ha convertido en una prioridad compartida entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Las dos regiones enfrentan el desafío de transformar sus modelos de desarrollo hacia economías descarbonizadas, sostenibles y equitativas, pero también el imperativo de hacerlo desde una mirada de justicia social, territorial y ambiental. La próxima Cumbre CELAC–UE en Colombia ofrece una oportunidad histórica para consolidar una alianza birregional que no se limite a descarbonizar la economía, sino que asegure que dicha transformación sea justa, inclusiva y democrática.

La cooperación entre América Latina y Europa ha avanzado en la identificación de áreas estratégicas de acción conjunta: energía renovable, minería de minerales críticos, innovación tecnológica, empleo verde y financiamiento climático. En los últimos años, se han establecido mecanismos como el Global Gateway de la Unión Europea, que incluye una agenda de inversiones para una transición verde y justa, así como una una Hoja de Ruta 2023–2025, que integran la noción de “transición justa” como principio orientador. A través de estos instrumentos, la UE ha destinado recursos para promover la transición energética en países como Brasil, Argentina, Colombia y Chile, apoyando reformas regulatorias, inversiones en energías renovables y programas de capacitación laboral.

Sin embargo, estos esfuerzos aún enfrentan profundas tensiones. En América Latina y el Caribe, los territorios que hoy concentran proyectos de transición energética -como La Guajira en Colombia, el altiplano boliviano o el norte de Chile- son también escenarios de larga data de pobreza, exclusión étnico-racial y despojo. En estos contextos, nuestras investigaciones han mostrado que la llegada de megaproyectos eólicos, solares o mineros, promovidos a menudo con capital europeo, ha reproducido desigualdades históricas y conflictos socioambientales. Sin mecanismos robustos de participación, transparencia y distribución equitativa de beneficios, la transición corre el riesgo de convertirse en una nueva ola de extractivismo verde, donde se sustituyen las fuentes energéticas, pero no las relaciones de poder que sostienen la desigualdad.

A la par, la arquitectura financiera que sustenta la cooperación birregional continúa marcada por una lógica de endeudamiento y de condicionalidad. El acceso a los fondos climáticos y de transición justa suele estar mediado por criterios financieros restrictivos, lo que deja por fuera a comunidades locales, pueblos indígenas y organizaciones territoriales que enfrentan directamente los impactos de la transición. Los recursos, en su mayoría canalizados a través de bancos de desarrollo o asociaciones público-privadas, tienden a reforzar la concentración empresarial y tecnológica, sin garantizar el acceso a derechos básicos -como agua potable, seguridad energética o participación efectiva- en los territorios donde se instalan los proyectos.

Aun así, la región latinoamericana cuenta con avances normativos y jurisprudenciales que pueden nutrir el diálogo birregional. La jurisprudencia constitucional y recientes avances en derechos humanos, como la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana, reconocen que las políticas de desarrollo y transición deben incorporar las dimensiones de la justicia. Estas decisiones constituyen referentes para una cooperación basada en los derechos humanos, la autodeterminación y la sostenibilidad de la vida. En este marco, la Cumbre CELAC–UE representa una oportunidad decisiva para reconfigurar la cooperación birregional hacia una agenda de transiciones justas que aborde simultáneamente los desafíos climáticos y las desigualdades estructurales. Ello implica pasar de una cooperación centrada en la inversión a otra centrada en la justicia.

Para ello, es indispensable que la cooperación birregional:

• Reconozca la deuda ecológica y histórica entre el Norte y el Sur Global y promueva un financiamiento climático accesible, no condicionado y con enfoque de derechos humanos, de género y de pueblos indígenas.
• Garantice la participación efectiva y vinculante de comunidades locales y pueblos étnicos en todas las etapas del diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos energéticos, incluyendo mecanismos de cogestión y monitoreo ciudadano.
• Incorpore estándares de obligaciones en materia ambiental, climática y de derechos humanos para las empresas, asegurando la centralidad de los derechos humanos, la transparencia y la reparación de los daños.
• Fortalezca capacidades locales y territoriales mediante la transferencia tecnológica, la formación laboral y el apoyo a proyectos comunitarios de energía, agua y alimentación, con criterios de soberanía y sostenibilidad.
• Alinee las políticas de cooperación con los marcos normativos y jurisprudenciales regionales, promoviendo la coherencia entre la transición energética, los derechos sociales y la justicia ambiental.

La aprobación de compromisos concretos en estos ejes durante la próxima cumbre no solo fortalecerá la legitimidad democrática de la transición, sino que también permitirá que la cooperación entre Europa y América Latina se convierta en un motor real de transformación social. Una transición justa no se mide solo en megavatios instalados o en toneladas de carbono reducidas, sino en derechos garantizados, territorios fortalecidos y comunidades que puedan decidir su propio futuro energético.

Línea de Justicia Económica – Empresas y Derechos Humanos.