CELAC-UE: Una cooperación atrapada en el prohibicionismo

En vísperas de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, el escenario geopolítico se ve marcado por graves tensiones. Según WOLA, hasta el 4 de noviembre Estados Unidos ha bombardeado más de 16 embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, alegando que transportaban drogas, con un saldo de 67 personas asesinadas. Estos ataques, contrarios al derecho internacional, abren un nuevo y letal capítulo de la fallida guerra contra las drogas y de los enfoques prohibicionistas que han producido más daño que soluciones.

En este contexto, el tema de las drogas será ineludible en la agenda de Santa Marta. Mientras algunos países latinoamericanos como Colombia, México y Bolivia han liderado propuestas de reforma y revisión del régimen internacional de control en los últimos años, Europa enfrenta una creciente incoherencia entre su retórica progresista y su práctica securitaria. La tesis de este artículo es que la cooperación birregional en materia de drogas sigue siendo asimétrica e injusta, atrapada en un paradigma prohibicionista que reproduce desigualdades y bloquea las alternativas.

Para demostrarlo, se abordarán dos dimensiones: (1) la historia reciente de los esfuerzos y contradicciones en ambas regiones y (2) los elementos que podrían configurar una agenda birregional más justa y basada en evidencia.

1. Reformismo latinoamericano y ambigüedad europea: entre avances y contradicciones

América Latina ha liderado en los últimos años la agenda global de reforma en materia de drogas. Desde la UNGASS 2016, impulsada por México, Colombia y Guatemala, la región logró incluir por primera vez el lenguaje de derechos humanos y salud pública en el sistema internacional de fiscalización. Posteriormente, y a través del liderazgo de Colombia, se consolidó una coalición de mas de 60 países en 2024 que planteó serios cuestionamientos sobre los resultados que muestra el sistema global de fiscalización. Luego, en 2025, Colombia de nuevo promovió la creación de un panel independiente de revisión del régimen internacional de drogas, adoptado por la CND con 30 votos a favor y solo tres en contra. Posteriormente, Colombia consolidó una coalición de más de 60 países que promovió en 2025 la creación de un panel independiente de revisión del régimen internacional de drogas, adoptado por la CND con 30 votos a favor y solo tres en contra.

Simultáneamente, Bolivia ha liderado la revisión crítica de la clasificación de la hoja de coca, denunciando los sesgos coloniales y racistas de su prohibición y reclamando su revalorización cultural. Estas iniciativas apuntan a un nuevo paradigma de responsabilidad compartida, que reconoce que la solución no radica en militarizar los territorios productores, sino en abordar las causas estructurales del narcotráfico, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión.

En contraste, la Unión Europea mantiene una postura fragmentada y contradictoria. Si bien su Estrategia de Drogas 2021–2025 es una de las más progresistas del mundo en lo declarativo, carece de carácter vinculante, y la política real sigue subordinada a lógicas de seguridad. La transferencia de competencias al Departamento de Migración y Asuntos de Interior (DG Home) en 2016 consolidó un giro punitivo, reduciendo la capacidad institucional dedicada a salud y prevención.

Programas como COPOLAD III o PacCTO2, aunque promovidos como mecanismos de cooperación birregional, reflejan esa asimetría estructural. Según el Informe de Políticas EU-LAC Nº12 sobre “Drogas, Puertos y Otros Desafíos”, estas iniciativas han fortalecido capacidades técnicas y canales de coordinación, pero siguen ancladas en un paradigma de control de oferta y seguridad portuaria, sin cuestionar el modelo prohibicionista que genera los flujos ilícitos. El informe enfatiza que los programas privilegian los éxitos localizados de interdicción y control portuario —en Amberes, Hamburgo o Róterdam—, pero no alteran la estructura financiera del narcotráfico ni reducen las vulnerabilidades sociales y territoriales en América Latina.

El mismo documento propone que una cooperación birregional efectiva debería basarse en el desmonte de las estructuras financieras del crimen organizado y en el abordaje de las vulnerabilidades territoriales en zonas productoras de América Latina, lo que reduciría los daños generados por las estrategias de control de la oferta.

2. Hacia una agenda birregional basada en evidencia y en un enfoque más justo

Superar esta trampa requiere redefinir los términos de la cooperación. En lugar de perpetuar la dependencia de proyectos técnicos y de control, una verdadera agenda CELAC-UE debería centrarse en dos ejes fundamentales.

Primero, afianzar la cooperación técnica mediante el desmonte de las estructuras financieras que sostienen el tráfico. Tal como enfatiza el informe referenciado anteriormente, las fuerzas del orden deben priorizar el rastreo de ingresos ilícitos y atacar los circuitos de lavado de dinero y corrupción que permiten la persistencia del negocio. Esto implica cambiar el foco desde los eslabones más visibles hacia las redes financieras, empresariales y políticas que lo sustentan.

Segundo, redefinir la cooperación política. Los países de ambas regiones deberían cooperar con COlombia para aprovechar el disenso en la CND y promover reformas mas ambiciosas, habilitar el diálogo político de alto nivel que reconozca las limitaciones del sistema de prohibición y promocer que el panel de expertos provea oportunidades de transformación real. El apoyo a programas en territorio debería concentrarse en reducir las vulnerabilidades territoriales de las zonas productoras latinoamericanas. 

Solo un enfoque basado en la corresponsabilidad real, la transparencia financiera y la reforma institucional permitirá avanzar hacia una cooperación justa. La UE tiene aquí la oportunidad de pasar de la retórica a la coherencia: apoyar el panel de revisión del régimen internacional impulsado por Colombia y sumarse a la reclasificación de la hoja de coca promovida por Bolivia sería un gesto político decisivo en el seno de la Comisión de estupefacientes y otros espacios multilaterales claves.

Conclusión

La cooperación CELAC-UE en materia de drogas sigue presa de un marco asimétrico, donde Europa actúa como juez y América Latina como campo de experimentación. Si la Cumbre de Santa Marta pretende marcar un punto de inflexión, deberá reconocer que no se trata de “combatir las drogas”, sino de desmantelar las estructuras económicas y políticas que las sostienen. Apostar por la trazabilidad financiera, la regulación basada en evidencia y la justicia territorial sería la verdadera señal de madurez de una alianza birregional que aspire a dejar atrás medio siglo de fracasos punitivos.