La justicia climática depende de transformar la transición energética

Hace unos días, la Fundación Heinrich Böll Stiftung, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (BHRRC) y Dejusticia, realizaron el seminario “Minerales de transición y acción climática: los derechos humanos en el centro del debate”, un espacio para reflexionar sobre cómo orientar la transición energética hacia un modelo justo y coherente con los derechos humanos, la justicia social y ambiental, en vísperas de la COP-30 que se celebrará en Belém (Brasil).

El encuentro fue moderado por Santiago Aldana, coordinador de programas de la Fundación Heinrich Böll Stiftung Bogotá, y contó con la participación de Javier Palummo, relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Fabián Andrés León Peñuela, director del programa y representante en Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Victoria Fernández Almeida, abogada e investigadora de ANDHES (Argentina); y Julián Gutiérrez Martínez, investigador de la línea de justicia económica de Dejusticia, donde lidera la agenda de empresas y derechos humanos.

Estándares del sistema interamericano: la transición debe ser justa

El relator Javier Palummo subrayó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya cuenta con estándares sobre empresas, medioambiente y derechos humanos, reafirmados recientemente en la Opinión Consultiva OC-32/25 sobre emergencia climática y derechos humanos.

Explicó que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el ambiente, aplicando debida diligencia, previniendo la contaminación, reparando los daños y garantizando la participación de las comunidades. Los Estados tienen la obligación de exigir y supervisar estas responsabilidades.

La transición energética, dijo, “tiene que ser necesariamente justa, no debe repetir los modelos extractivos que sacrifican territorios, comunidades y ecosistemas”, y debe incluir una distribución equitativa de beneficios y cargas, reconversión laboral y participación efectiva.

También destacó el papel del Acuerdo de Escazú como refuerzo de los derechos de acceso y la democracia ambiental.

Gobernanza, obligaciones y nuevos acuerdos

Fabián León Peñuela, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), planteó que las políticas sobre minería y transición energética deben articularse con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y acción climática.

Alertó que el modelo actual sigue mostrando tres problemas estructurales como la destrucción de ecosistemas, brechas de género y raciales, y corrupción y falta de gobernanza.

Propuso tres niveles de acción, iniciando a nivel nacional con coherencia entre acción climática, biodiversidad y transición energética; capacidad estatal de seguimiento y control a las empresas; y políticas basadas en derechos humanos. De manera local con negociación justa con trabajadores y comunidades, asegurando prosperidad compartida. Y en un nivel regional e internacional, avanzando hacia un tratado vinculante sobre minerales de transición, que reduzca la demanda de forma equitativa, proteja territorios estratégicos y promueva un comercio justo con los derechos humanos en el centro.

León recordó que la OC-32/25 de la Corte Interamericana marca cuatro pilares clave para la región: equidad y justicia, protección de la biodiversidad, transparencia y cooperación multilateral reforzada.

El extractivismo se renueva en Argentina 

Desde Argentina, Victoria Fernández Almeida (ANDHES) advirtió que el discurso de la transición energética convive con una realidad extractiva en los territorios donde se extrae litio y otros minerales críticos.

Señaló desbalances territoriales (las zonas mineras son las de menor acceso a energía y agua), ausencia de participación real y respuestas represivas del Estado frente a las comunidades que protestan.

Fernández denunció la consolidación de “armados jurídicos pro-extractivos”, combinaciones de leyes y políticas que favorecen a las empresas, restringen el derecho a la protesta y debilitan la protección ambiental y de pueblos indígenas.

También llamó a revisar regímenes como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar cláusulas de debida diligencia ambiental y derechos humanos, y enfatizó que “el derecho a defender derechos es una condición para la democracia ambiental.” 

Colombia: el riesgo del extractivismo verde

Julián Gutiérrez Martínez, de Dejusticia, abordó la experiencia de la Guajira como advertencia sobre las nuevas formas de extractivismo en nombre de la transición energética.

Señaló que hay una desigualdad en la toma de decisiones, ya que los procesos de consulta previa se reducen a trámites formales. Además, la distribución es injusta en costos y beneficios, porque los territorios asumen los impactos mientras los beneficios se concentran fuera de ellos.
También se registra una continuidad del modelo extractivo, con el carbón es reemplazado por energía eólica o solar sin modificarse la lógica de enclave ni las relaciones de poder.

Advirtió sobre la “flexibilización de políticas ambientales” y la tendencia a justificar excepciones por la urgencia climática. Concluyó que no puede haber transición energética justa sin justicia territorial.

Hacia la COP-30

Las y los panelistas coincidieron en que la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la COP-30, será el principal foro mundial donde los Estados se reúnen para acordar medidas frente a la crisis climática, una oportunidad clave para acercar el lenguaje de las obligaciones en derechos humanos con los compromisos de acción climática, evitando que la transición se convierta en una nueva forma de exclusión o despojo.

El relator Javier Palummo advirtió que se deben tener expectativas moderadas ante los retrocesos ambientales nacionales, pero destacó una “primavera del derecho internacional” que puede abrir camino a una relación más armónica entre ambos lenguajes.

Julián Gutiérrez y Fabián León insistieron en la necesidad de fortalecer la participación comunitaria, la diligencia debida reforzada y los mecanismos contra el “greenwashing”.

Victoria Fernández, por su parte, llamó a invertir la lógica de seguridad, protegiendo a las personas antes que a las inversiones.

El debate cerró con el mensaje de que la justicia climática depende de transformar la transición energética en un proceso que redistribuya poder, proteja a las comunidades y convierta los compromisos internacionales en obligaciones reales para los Estados y las empresas.